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Resumen

La actividad legislativa correspondiente a 2022 viene condicionada por dos episodios mediáticos que nos ha tocado vivir: las secuelas de una pandemia mundial y la guerra de Ucrania. Ambas han incidido negativamente en las economías y, por ende, en el modus vivendi de la sociedad y también en el medio ambiente.

Como consecuencia de este panorama, la diversificación del mix energético se trae a un primer plano y el protagonismo recae de nuevo en las energías renovables. En una línea continuista, tanto el legislador estatal como autonómico, han apostado por la aprobación de medidas urgentes que aceleren los procedimientos administrativos a través de la reducción de plazos y la agilización de su tramitación, a lo que se unen modificaciones introducidas en los procedimientos de evaluación ambiental.

En definitiva, electrificación y despliegue de energías renovables, bajo el prisma de que el ahorro de energía es la forma más rápida y económica de hacer frente a la actual crisis energética y de reducir las facturas.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la canalización de los fondos europeos en favor de nuestro país exige la aprobación o modificación de diversa normativa, podemos calificar a 2022 como un año muy productivo en cuanto a elaboración de normas se refiere, tanto a nivel nacional como autonómico. No obstante, a través de la figura del decreto-ley se entremezclan regulaciones novedosas con modificaciones de las existentes o prórrogas de medidas, en ocasiones difíciles de descifrar; máxime teniendo en cuenta un panorama patrocinado por una situación económica y social en constante cambio.